Guía TNO (I): Procedimiento de Segunda Oportunidad

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Os presentamos nuestra primera Guía TNO, en lo sucesivo pondremos a vuestra disposición una serie de artículos que resolverán todas vuestras dudas referentes a la Ley de Segunda Oportunidad.

Al final de este post te dejamos un enlace para que solicites un formulario donde evaluaremos gratuitamente si puedes acogerte a la Ley.

En esta primera entrega os acercamos al procedimiento de Segunda Oportunidad se encuentra regulado por la Ley 25/2015, de 28 de julio,  por la que se introdujo el mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

Dicho de otra forma, es una herramienta puesta a disposición de personas naturales, tengan la condición de empresarias o no, que se encuentran en una situación de insolvencia que les impide afrontar sus obligaciones exigibles de pago y se les brinda la posibilidad de negociar nuevas condiciones con sus acreedores y, en última instancia, conseguir la cancelación de sus deudas.

¿Quieres saber cómo funciona la Ley de la Segunda Oportunidad y cuáles son los requisitos para poder acogerse a ella? Te lo explicamos detalladamente.

  1. ¿Puedo acogerme al procedimiento de Segunda Oportunidad?
  2. Si cumplo los requisitos, ¿Cuál es el siguiente paso?
  3. Procedimientos judiciales vigentes. Publicidad.
  4. Mayorías para alcanzar un acuerdo.
  5. Si llego a un acuerdo, ¿Cómo pago a mis acreedores?
  6. No he alcanzado a un acuerdo, ¿Cuál es el siguiente paso?
  7. BEPI: ¿Qué es? Tipos.
  1. ¿Puedo acogerme al procedimiento de Segunda Oportunidad?

El citado procedimiento está enfocado principalmente a los ciudadanos particulares y autónomos. También existe la posibilidad de que una persona que haya sido empresaria haya avalado las operaciones contraídas por su anterior negocio, y que, dadas las circunstancias, haya tenido que cesar en su actividad, por lo que ha tenido que ‘’heredar’’ esas deudas, no disponiendo de liquidez para afrontar sus obligaciones.

La casuística es diversa, va desde la persona natural asalariada que ha sufrido un descenso en su economía debido a la bajada de sueldo, a estar inmersa en un ERTE o ERE, o que dada la situación actual de alerta sanitaria, se encuentra en situación de desempleo.

También podemos incluir aquellas personas pensionistas y jubiladas que no pueden afrontar el pago de sus deudas dado el volumen de las mismas en comparación con sus ingresos.

El dato más importante a tener en cuenta es la buena fe del deudor (de cara a la consecución del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), del que más adelante hablaremos). ¿Qué requisitos subjetivos debe cumplir un deudor para presumir de su buena fe?:

  • Haber intentado un Acuerdo Extrajudicial de Pagos (en adelante, AEP) con sus acreedores. Este paso puede darse o no, puesto que aunque el deudor pretenda llevar a cabo un AEP puede darse que no consiga el nombramiento de un mediador, pero ya está mostrando su buena fe de llegar a un consenso con sus acreedores para afrontar sus deudas.
  • En caso de ser autónomo, el deudor no puede haberse declarado culpable por sentencia firme en procedimientos penales por delitos económicos o sociales.
  • No pueden existir condenas por sentencia firme por delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o derechos de los trabajadores. Se tendrán en cuenta los últimos 10 años anteriores a la declaración del concurso.

¿Y si tenemos algún procedimiento penal en curso? El juez del concurso deberá suspender la decisión respecto al BEPI hasta que recaiga resolución judicial firme.

En el art. 634 del Texto Refundido de la Ley Concursal (en adelante, TRLC) se regulan los supuestos en los que las personas no podrán solicitar el nombramiento de un mediador concursal para llevar a cabo el AEP:

  • Las personas que dentro de los 10 años anteriores a la solicitud, hubieran sido condenadas en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.
  • Las personas que dentro de los 5 años anteriores a la solicitud, hubieran alcanzado un AEP con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de algún acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores.
  • Personas que actualmente se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación.
  • Personas cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite.
  1. Si cumplo los requisitos, ¿Cuál es el siguiente paso?

El inicio del expediente tiene lugar con la presentación por medio de abogado del formulario normalizado de solicitud del procedimiento para alcanzar un acuerdo con los acreedores en el Notario, si se trata de persona natural no empresaria, o en el Registro o Cámara de Comercio, en caso de ser persona natural empresaria.

Hay que tener en cuenta que si se encuentra casado en régimen de gananciales o se pudiese ver afecta al AEP la vivienda habitual, la solicitud deberá presentarse de forma conjunta o por parte de un cónyuge con el consentimiento del otro

Al recibir la solicitud, el Notario o Registrador le asignará un nº de expediente y comprobará que todo esté correcto, dando en caso contrario, tendrá un plazo de 5 días para subsanar o recabar la documentación que le falte.

 Una vez presentada la solicitud, el Notario o Registrador designará a un mediador concursal. Esta elección es aleatoria, el nombramiento se realiza de forma secuencial en el listado de mediadores inscrito en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia.

Si la solicitud se ha presentado ante la Cámara de Comercio, en caso de persona natural empresaria, la propia Cámara asumirá las funciones de mediación.

La colaboración es un factor muy importante, ya que el mediador designado y el letrado estarán en constante comunicación con el fin de poder llegar a un acuerdo con los acreedores.

  1. Procedimientos judiciales vigentes. Publicidad.

Durante el desarrollo de esta fase quedarán paralizados los procedimientos judiciales de embargo o procedimientos de reclamación de cantidades que se hubieran iniciado contra el deudor, paralizándose asimismo, el devengo de los intereses de demora ocasionados por el impago de las deudas.

En el procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, en materia de publicidad, salvo que en el escrito de comunicación de inicio de negociaciones se haga constar el carácter reservado de estas, se ordenará la publicación en el Registro público concursal del extracto de la resolución que dictará el juzgado al efecto.

Igualmente, salvo que se haga constar el carácter reservado de estas, se publicará en los registros públicos de bienes y derechos mediante la anotación correspondiente, al objeto de que con posterioridad y mientras duren las negociaciones, no puedan realizarse anotaciones de embargos sobre los bienes y derechos del deudor.

Esto constituye una ventaja para algunas personas al poder optar por mantener en privado su situación de insolvencia hasta que, en su caso, concluya el expediente y se declare el concurso consecutivo.

  1. Mayorías para alcanzar un acuerdo. Créditos.

La desinformación en relación al quorum establecido para alcanzar un acuerdo con los acreedores es generalizada, por lo que nos remitimos al TRLC en su art. 667 en el cual se indican las siguientes medidas:

  • Esperas por un plazo máximo de 10 años.
  • Conversión de créditos (obligaciones convertibles).
  • Cesión de bienes o derechos en pago de los créditos.

Tenemos que tener en cuenta, que la propuesta de pago la realizaremos en base al pasivo computable que abarca la suma de las deudas que no sean derecho público. En este último caso, el mediador concursal se encargará de solicitar a la administración pública competente el aplazamiento o el fraccionamiento de pago de estas deudas.

            Propuesto el plan de pagos, el mediador concursal calculará si se cumplen las mayorías establecidas, que dependiendo de la propuesta que hayamos realizado, se sujetarán a los siguientes porcentajes:

  • Si hemos propuesto esperas no superiores a 5 años y quitas no superiores al 25 % de los créditos, será necesario el 60 % del pasivo computable para la adopción del acuerdo.
  • Si la propuesta tiene otro contenido superior al anterior, será necesario el 75 % del pasivo computable.
  1. Si llego a un acuerdo con mis acreedores, ¿Qué ocurrirá de ahora en adelante?

Los créditos a los que se extienda la eficacia del acuerdo quedarán extinguidos hasta donde alcance la quita y serán aplazados según su exigibilidad por el tiempo de espera y en general, es decir, el resto, de créditos, afectados por el contenido del acuerdo.

El resto de los créditos deberán satisfacerse en base al plan de pagos propuesto y aprobado, que determinará los recursos previstos para satisfacerlos, así como los nuevos créditos, entre los que se incluirán los que se devenguen en concepto de alimentos para el deudor y su familia. Se acompañará copia de la solicitud de fraccionamiento y aplazamiento respecto a los créditos de derecho público o la resolución que se hubiera dictado al efecto.

A partir de este momento, ningún acreedor podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores a la comunicación de la apertura de negociaciones cuyo objeto sean créditos a los que se extienda la eficacia del acuerdo.

El mediador concursal supervisará el cumplimiento del acuerdo, y en caso de ser íntegramente cumplido, el mediador lo hará constar en acta notarial que se publicará en el Registro público concursal.

  1. No he alcanzado a un acuerdo, ¿Cuál es el siguiente paso?

En caso de no haber alcanzado las mayorías necesarias para llegar a un acuerdo con los acreedores, el siguiente paso será la presentación de la solicitud de concurso consecutivo, que será presentada por el mediador concursal, en caso de haber sido nombrado, o por el letrado instante del deudor, que deberá acompañar los documentos preceptivos que la ley indica en el art. 706 del TRLC.

En la solicitud, el mediador concursal o el abogado instante, deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente para la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, más conocido como BEPI, que detallaremos en el siguiente punto.

Además, se pronunciará acerca de la procedencia de la apertura de la sección de calificación, en la que se califica el concurso como culpable o fortuito.

  1. BEPI: ¿Qué es? Tipos.

Como hemos comentado, el BEPI es un elemento esencial del procedimiento de segunda oportunidad, ya que facilita al deudor su recuperación económica, condonando el pasivo ordinario que no haya podido ser satisfecho con los activos que posea el deudor, ya sea tesorería o bienes susceptibles de liquidación.

Dependiendo de la modalidad de BEPI a la que se acoja, la cancelación de la deuda tendrá carácter provisional (sometida a un plan de pagos durante 5 años) o carácter definitivo. El cumplimiento del plan de pagos acordado tiene carácter fundamental, pues en caso contrario, se revocaría el mismo y tendríamos que solicitar finalmente la declaración de concurso consecutivo.

Si se satisfacen en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si el deudor reuniera los requisitos para poder hacerlo, hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, el BEPI podrá extenderse a la totalidad de los créditos insatisfechos, exceptuando los de derecho público y por alimentos.

En cambio, si el deudor no ha intentado previamente el acuerdo extrajudicial de pagos, el BEPI se extenderá hasta al 75% de los créditos ordinarios (como un préstamo personal, un crédito al consumo…) y a la totalidad de los subordinados (esto es, intereses de demora, comisiones…).

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Guía dirigida por Paola Respaldiza, abogada senior del Departamento de Derecho Concursal, y que cuenta con una dilatada experiencia en procedimientos de segunda oportunidad.

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